La situación de muchos comercios, especialmente los pequeños, ha llegado a un punto límite. La triple crisis: económica, de energía y seguridad golpea duramente a estos negocios en una posición de extrema vulnerabilidad.
La falta de acción efectiva desde el Estado es una de las principales fuentes de frustración y desamparo.
Exhortamos al Gobierno a atender el clamor de las personas que, en su mayoría, enfrentan el día a día con incertidumbre. La implementación de acciones urgentes apremia.
Las medidas de alivio financiero son esenciales y deberían ser inmediatas: prórroga de plazos para obligaciones ante entidades públicas como el SRI y el IESS, aplazamiento de los periodos de declaración tributaria, devolución
instantánea de los impuestos pagados en exceso en años anteriores, reducción de los valores de autorretención, eliminación del ISD en productos de generación de energía, incentivos a la inversión privada en fuentes alternativas, aseguramiento en la provisión de combustibles, entre otros. Estas acciones no deberían requerir peticiones desesperadas; es una responsabilidad aliviar la carga sobre el comercio para proteger el empleo, más aún en tiempos de crisis.
Se requieren también medidas adicionales de versatilidad laboral que permitan a las empresas coordinar con sus trabajadores los horarios más adecuados para operar en función de los cortes de energía.
La supervivencia del comercio y del empleo dependen de decisiones rápidas, firmes y, sobre todo, de que el Gobierno y las demás funciones del Estado, asuman su responsabilidad de enmendar los daños generados por la falta de acciones oportunas. El tiempo corre y los recursos se acaban.
