Primero fue Guayaquil y ahora Quito. Las cámaras de vigilancia de los municipios, adquiridas con recursos públicos y pensadas para proteger a los ciudadanos, vuelven a estar en el centro del debate por el presunto uso de estos sistemas con fines ajenos a la seguridad ciudadana.
Y cabe preguntarnos: ¿para qué queremos cientos de cámaras distribuidas en diferentes puntos de las ciudades si, cuando ocurre un robo, un asalto o una emergencia, no existe una respuesta inmediata que permita identificar a los responsables y auxiliar a las víctimas?
Esto no debería tratarse de política. Se trata de seguridad ciudadana.
Por ello, el Gobierno Nacional ha iniciado la integración de los sistemas municipales de videovigilancia con el trabajo operativo de la Policía Nacional y el ECU 911. Este 10 de agosto, el turno fue para el Centro de Cámaras del COE Metropolitano de Quito, con el objetivo de fortalecer la vigilancia, prevenir delitos, identificar a los responsables y agilizar su captura.
El Ministerio del Interior suscribió un convenio marco de cooperación interinstitucional con la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, EMSEGURIDAD, para impulsar la integración tecnológica, la articulación operativa y la optimización de los recursos destinados a combatir la delincuencia.
La finalidad debería ser clara: que las cámaras que pagamos los ciudadanos estén al servicio de los ciudadanos. Que funcionen como herramientas para prevenir delitos, apoyar a la Policía y salvar vidas, y no como sistemas subutilizados o utilizados para intereses particulares.
Uno de los puntos que genera cuestionamientos es la denominada “sala espejo”, cuya existencia y utilización han sido señaladas dentro de las denuncias relacionadas con los sistemas de videovigilancia de Guayaquil. La preocupación está en determinar quién tenía acceso a las imágenes, bajo qué protocolos y con qué finalidad.
En Guayaquil también se ha cuestionado el manejo de las cámaras de Segura EP durante la administración de Aquiles Álvarez, así como la presunta existencia de accesos que habrían permitido utilizar información de videovigilancia al margen de las necesidades operativas de seguridad. Estas acusaciones deberán ser investigadas y determinadas por las autoridades competentes.
La pregunta de fondo es mucho más sencilla: ¿quién controla las cámaras y para qué las controla?
Porque ningún sistema de videovigilancia financiado con dinero público debería estar al servicio de un gobierno seccional de turno, de un partido político ni de intereses particulares. Su función debe ser proteger a la ciudadanía.
Y este debate también obliga a mirar hacia atrás.
Durante el gobierno de Rafael Correa se creó la SENAIN, posteriormente SENAIN/Secretaría Nacional de Inteligencia, que desarrolló operaciones de inteligencia y recopilación de información sobre personas y organizaciones consideradas de interés para el Estado. Investigaciones periodísticas documentaron seguimientos a opositores, periodistas y organizaciones sociales.
Cuando Lenín Moreno asumió la Presidencia en 2017, además, denunció haber encontrado una cámara instalada en el despacho presidencial de Carondelet, un episodio que generó una fuerte controversia sobre los sistemas de vigilancia heredados del gobierno anterior.
Sin embargo, es importante diferenciar los hechos comprobados de las acusaciones actuales. No basta con que exista una tecnología de vigilancia para afirmar que fue utilizada con fines políticos. Eso debe demostrarse mediante investigaciones, registros de acceso, contratos, protocolos y evidencia.
Lo que sí resulta preocupante es que el crimen organizado haya entendido perfectamente el valor de la vigilancia. Las organizaciones criminales han instalado sus propios sistemas para monitorear los movimientos de sus víctimas, controlar territorios y planificar robos y secuestros.
Entonces, mientras los delincuentes utilizan cámaras para controlar a sus víctimas, el Estado debería utilizarlas para protegerlas.
Las cámaras deben tener ojos humanos detrás, protocolos claros y una respuesta inmediata.
Porque una cámara que graba un delito pero no permite reaccionar a tiempo no es suficiente.
Y una cámara pagada por los ciudadanos jamás debería convertirse en una herramienta para vigilarlos.
La seguridad no puede ser política. La vigilancia tampoco. Debe estar al servicio de la ciudadanía.
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