a Comisión de Fiscalización y Control Político aprobó por unanimidad, este viernes 13 de febrero, el informe motivado de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, recomendando al Pleno de la Asamblea Nacional proceder con el juicio político.
En sus conclusiones, la Comisión determinó que Godoy es responsable político por la inoperancia en su gestión como máxima autoridad de la Función Judicial.
Como parte de su defensa, la autoridad presentó memorandos y comunicaciones internas que, lejos de favorecerlo, se convirtieron en la principal prueba en su contra. Estos documentos evidenciaron que conocía la gravedad de la situación, pero optó por respuestas administrativas rutinarias, eludiendo su deber de liderazgo y coordinación efectiva, lo que demuestra una clara inoperancia en el ejercicio de sus funciones.
El informe también permitió establecer que las acciones adoptadas por Godoy en el caso del juez Carlos Serrano fueron insuficientes para garantizar la independencia judicial y la seguridad de los operadores de justicia.
En consecuencia, la autoridad no transformó la gestión administrativa en medidas concretas de protección y seguridad, reflejando un desempeño deficiente y claramente inoperante. Por ello, la censura y destitución se consideran necesarias frente a una gestión que priorizó el papeleo sobre la protección real de quienes administran justicia.
Tras analizar la normativa constitucional, legal y las sentencias de la Corte Constitucional, y con base en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión recomendó formalmente el juicio político contra Mario Godoy, en su calidad de vocal y presidente del Consejo de la Judicatura.
Por su parte, Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión, señaló que el proceso se desarrolló con respeto al debido proceso y al derecho a la defensa, destacando el rigor jurídico del trabajo realizado. Afirmó que la actuación se mantuvo dentro del marco constitucional y legal, alejada de espectáculos políticos, y que la decisión se tomó una vez concluidas las pruebas documentales y testimoniales.
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